Estoy a punto de perder los papeles y de echarle las manos al
cuello, cuando por enésima vez el personaje me repite que él, es, en virtud de
un nombramiento legal, regulado por el derecho administrativo, dictado en el
artículo ocho del real decreto legislativo. Un funcionario vinculado a la
entidad pública, que desempeña ciertos servicios profesionales como el de
tramitación, información y facilitación a personas como yo. De los recursos que
el estado de la nación pone a disposición del peticionario. Que debidamente, de
forma adecuada, y por medio de los canales burocráticos que el gobierno actual pone al servicio de la ciudadanía, mediante la
gestión de herramientas, concesión de licencias, sellos, pólizas. Pago de gravámenes
e impuestos, y aporte de la documentación necesaria, poner en marcha los
proyectos que el usuario o contribuyente en cuestión, requiere.
Cuando hace la pausa obligada para respirar, y sin darle tiempo a
que continúe la perorata explicativa de lo que es, a lo que se dedica y para lo
que está en este mundo. Le digo lo más calmadamente que puedo, con claridad
meridiana, vocalizando en exceso para que no haya lugar a dudas de cuál es el
mensaje que le quiero transmitir en forma de pregunta y a modo de ultimátum. Mientras en ningún momento corto la línea visual que va de mis ojos a los
suyos, para que se centre en lo precario de su integridad física.
